La UE prepara la inclusión de la incineración de residuos en el mercado de emisiones EU ETS desde 2031, entre retos de descarbonización y economía circular.
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La propuesta de Bruselas para incorporar la incineración al mercado europeo de emisiones a partir de 2031 abre un debate sobre el futuro de la valorización energética. Mientras las organizaciones ecologistas cuestionan las excepciones previstas, la industria reclama un modelo que incentive la descarbonización sin comprometer el tratamiento de los residuos no reciclables.
La valorización energética de residuos afronta un cambio regulatorio decisivo en Europa. La Comisión Europea presentó el 17 de julio de 2026 una propuesta para ampliar progresivamente el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (EU ETS) a la incineración y coincineración de residuos no peligrosos, incluidas las instalaciones de tratamiento de residuos municipales. La medida pretende atribuir un coste económico a las emisiones de CO₂ derivadas de la combustión de residuos, especialmente plásticos y otros materiales de origen fósil, y reforzar los incentivos para reducir su impacto climático.
Según el texto legislativo, las instalaciones con capacidad superior a tres toneladas por hora comenzarían a entregar derechos de emisión en 2031, con una aplicación gradual hasta alcanzar el 100% de las emisiones verificadas en 2034. La propuesta, actualmente pendiente de aprobación, contempla excepciones temporales para determinados Estados miembros y mantiene asignaciones gratuitas vinculadas al suministro de calefacción urbana.
Estas excepciones constituyen el principal foco de controversia. Un análisis publicado en septiembre por Zero Waste Europe (ZWE) advierte de que las asignaciones gratuitas podrían debilitar la eficacia del nuevo precio al carbono.
Según las simulaciones de Zero Waste Europe, y suponiendo un precio del carbono de 80 euros por tonelada de CO₂, una incineradora dedicada exclusivamente a producir electricidad afrontaría en 2034 un coste de unos 40 euros por tonelada de residuos, frente a los aproximadamente 33 euros de una instalación de cogeneración que suministre calor a redes urbanas. Esta diferencia respondería a la posibilidad de recibir asignaciones gratuitas, cuya eliminación está prevista para 2040.
La diferencia resulta relevante porque, según Zero Waste Europe, alrededor del 60% de las plantas europeas de valorización energética funcionan en régimen de cogeneración y suministran calor a redes urbanas, lo que podría permitirles acceder tales asignaciones.
La organización considera que un precio insuficiente puede desincentivar la recuperación de materiales reciclables presentes en la fracción resto. También advierte de un posible exceso de capacidad de incineración en Europa, estimado en 60 millones de toneladas anuales, que podría superar los 70 millones con los proyectos previstos.
Por ello, propone eliminar las asignaciones gratuitas en 2034, acelerar la aplicación del precio al carbono y destinar los ingresos obtenidos a prevención, reutilización y reciclaje.
La Confederación Europea de Plantas de Valorización Energética (CEWEP) plantea una perspectiva diferente. Aunque respalda la reducción de emisiones, insiste en que el diseño del EU ETS debe reconocer la función de estas instalaciones en el tratamiento de residuos que no pueden prevenirse ni reciclarse.
Según CEWEP, aproximadamente 500 plantas tratan cada año 100 millones de toneladas de residuos residuales en Europa, recuperando energía y determinados materiales. La patronal reclama evitar efectos ambientales no deseados y preservar la coherencia con la jerarquía europea de residuos.
Paralelamente, el sector está reorientando sus inversiones. El primer informe de mercado de la asociación tecnológica ESWET, difundido en julio de 2026, identifica una transición hacia la modernización de instalaciones, la captura y almacenamiento de carbono, la mejora de la depuración de gases y la recuperación de materiales de las escorias.
Esta evolución refleja un cambio estratégico: en los mercados europeos maduros, la competitividad depende cada vez más de reducir las emisiones de las plantas existentes, y no únicamente de ampliar la capacidad de tratamiento.
La Comisión Europea reconoce esta transformación e incorpora en su propuesta la posibilidad de financiar tecnologías de reducción de emisiones, especialmente captura de carbono, mediante instrumentos europeos de descarbonización. También prevé utilizar ingresos del EU ETS para apoyar actuaciones situadas en los niveles superiores de la jerarquía de residuos.
El principal desafío será equilibrar tres objetivos: penalizar las emisiones fósiles, evitar el desplazamiento de residuos hacia el vertedero y garantizar alternativas viables para las fracciones no reciclables.
La cuestión de fondo es qué modelo de gestión de residuos incentivará Europa durante la próxima década. El resultado de la negociación legislativa condicionará tanto las inversiones tecnológicas del sector como la competitividad de la prevención y el reciclaje frente a la valorización energética.
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