Te presentamos los conceptos clave sobre tecnología aplicada a la gestión de residuos y normativa.
API son las siglas en inglés correspondientes a lo que en castellano se denomina “interfaz de programación de aplicaciones”, es decir, un sistema que permite la comunicación entre dos o más aplicaciones.
Es el plan de acción a favor de las personas y el planeta en el cual se engloban los 17 ODS. Fue aprobada en 2015 por los 193 Estados miembros de la ONU.
Se trata de una continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015) de la ONU que buscaba afrontar problemas globales como la erradicación de la pobreza extrema y el hambre o la mejora en el acceso a la educación.
Es una aplicación móvil de Teixo que facilita la interacción entre el personal de oficina y los/as conductores/as para lograr traslados de residuos rápidos y seguros y con papel cero. En concreto, permite que el conductor envíe, desde su móvil a Teixo, los datos registrados durante la recogida o entrega de residuos. Además, si tus contenedores disponen de QR generado con Teixo, el conductor puede identificarlos mediante la lectura de dicho código. Si el conductor, además, dispone de una impresora portátil también podrá imprimir directamente los DI y albaranes.
La "cadena de valor del residuo" engloba todo el proceso desde la generación inicial de residuos hasta su disposición final. Este proceso incluye las etapas de recogida, clasificación, tratamiento, almacenamiento y valorización de los residuos.
En este proceso transformador de la gestión de residuos la tecnología juega un papel fundamental porque es capaz de proporcionar soluciones para simplificar las obligaciones y para tangibilizar y cuantificar objetivos.
La Lista Europea de Residuos (LER) es una relación armonizada de residuos. Los diferentes tipos de residuos de la lista se clasifican mediante códigos de seis cifras. Los capítulos (cuatro cifras) y subcapítulos (dos cifras) definen los tipos de actividades que generan los residuos.
Si tomamos por ejemplo el código “04 02 22”, veremos que “04” corresponde al capítulo “Residuos de las industrias del cuero, de la piel y textil”, “02” identifica al subcapítulo “residuos de la industria textil”, “22” es el código correspondiente a residuos de fibras textiles procesadas.
La debida diligencia o diligencia debida es el proceso mediante el que las empresas pueden identificar, prevenir, mitigar y explicar cómo abordan sus efectos adversos reales y potenciales. Puedes consultar aquí la Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad de la UE.
La economía circular es un sistema en el que los materiales nunca se convierten en desechos y la naturaleza se regenera. En una economía circular, los productos y materiales se mantienen en circulación a través de procesos como el mantenimiento, la reutilización, la renovación, la remanufactura, el reciclaje y el compostaje. Surge como alternativa al modelo económico lineal tradicional, basado principalmente en el concepto “usar y tirar”, que requiere de grandes cantidades de materiales y energía.
Es una firma electrónica integrada en Teixo que tiene validez legal. Funciona de acuerdo a eIDAS, reglamento europeo 910/2014 que establece los estándares legales y de seguridad para la correcta identificación electrónica de la firma. En la práctica, este tipo de firma permite a los usuarios de Teixo agilizar todavía más la gestión diaria de su documentación ambiental y comercial. Además, es un sistema de firma seguro porque, una vez firmados los documentos, son inalterables y se custodian y archivan bajo el cumplimiento de estrictos protocolos.
La huella de carbono del ciclo de vida de un producto mide el total de emisiones de gases de efecto invernadero generadas por un producto, desde la extracción de las materias primas hasta el final de su vida útil. Se mide en equivalentes de dióxido de carbono (CO2 e).
Se trata de una comunicación para el ejercicio de la actividad, dirigida al órgano competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma en la que está situado el centro, a través de un procedimiento establecido. En esta comunicación, el productor debe indicar los residuos que va a generar como resultado de su actividad, qué cantidades anuales aproximadas y a qué gestores de residuos los va a enviar.
Este trámite es obligatorio para productores de residuos peligrosos y también para aquellos que generen más de 1000 toneladas de residuos no peligrosos.
Las siglas de E3L corresponden en inglés a Environmental Electronic Exchange Language o «lenguaje de intercambio electrónico medioambiental».
Se trata del lenguaje informático empleado para el intercambio de datos entre las distintas plataformas electrónicas involucradas en la gestión de residuos en España.
Con la entrada en vigor del RD 553/2020 de Traslado de residuos, es obligatorio usar las versiones más recientes de E3L. La más moderna es la 3.4.
El número de identificación medioambiental (NIMA) es un código empleado a nivel estatal, asignado por la Comunidad Autónoma para identificar a los centros registrados como productores y/o gestores de residuos conforme a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados (Ley 07/2022).
De la misma manera que un NIF va asociado a una empresa, el NIMA va asociado a un centro. Se entiende por Centro una o varias instalaciones sujetas a las distintas autorizaciones o inscripciones, situadas en el mismo emplazamiento y cuyo titular sea la misma persona física o jurídica.
El NIMA está constituido por diez dígitos: los dos primeros corresponden al código INE de la provincia y los ocho restantes son números asignados por la Comunidad Autónoma. Este número se asigna en función de tres factores:
- Titular de la autorización de la instalación o centro. Identificado mediante su NIF.
- Emplazamiento de la instalación o centro. Identificado mediante sus coordenadas UTM.
- Actividad principal del centro. Identificada mediante su CNAE.
Los ODS están orientados a afrontar problemas globales como la pobreza extrema y la emergencia climática. Forman parte de la Agenda 2030 y están formados por 17 objetivos que a su vez están divididos en 169 metas, a cumplir en el año 2030.
«Objetivo 55» es un paquete de propuestas que buscan proporcionar un marco coherente y equilibrado para alcanzar los objetivos climáticos de la UE. Su nombre hace referencia al la reducción de las emisiones en al menos el 55 % que la UE se ha fijado para 2030.
De acuerdo con el Real Decreto de Traslados (RD 553/2020), se considerará operador del traslado a la persona física o jurídica que organice el traslado de los residuos. Por regla general el operador será el productor de los residuos. También pueden serlo:
El Pacto Verde Europeo es un paquete de iniciativas políticas creado con el objetivo de dirigir a la UE en el camino hacia una transición ecológica para alcanzar la neutralidad climática en 2050. La Comisión puso en marcha el Pacto Verde Europeo en 2019.
Es un concepto empleado dentro de la política de la Unión Europea que se resume con el principio de «quien contamina paga». Establece la obligatoriedad de los productores de hacerse cargo de los residuos que generarán dichos productos una vez utilizados, sean envases o no, tanto de uso doméstico como industrial.
Hasta ahora, en España era obligatorio únicamente para aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores, vehículos, envases, neumáticos y aceites minerales. Sin embargo, la entrada en vigor de la Ley de residuos y suelos contaminados (Ley 7/2022) ha reforzado el ámbito de dicha responsabilidad, aumentando el listado de obligaciones para los distintos productores.
Durante décadas el modelo de responsabilidad dentro de la gestión de residuos en la normativa española era el llamado «responsabilidad delegada» que establece que la responsabilidad del productor o del poseedor del residuo concluye cuando se entrega a un negociante para su tratamiento, o a una entidad de tratamiento autorizadas y se acredite documentalmente. Este modelo se ha revelado insuficiente ya que ni garantiza la correcta gestión de los residuos ni permite controlar la trazabilidad de los mismos. La propia Unión Europea recomendaba a España sustituir este régimen de delegación por un modelo de «responsabilidad compartida», siguiendo la estela de países como Francia, Alemania y Reino Unido.
El régimen compartido regula que el productor de residuos comparta la responsabilidad del destino final de los residuos, aunque sean gestionados por agentes intermedios. Esta medida propicia un efecto de autorregulación entre los actores de la cadena de residuos, ya que los productores buscarán los mejores tratamientos existentes para sus residuos, y una correcta gestión del residuo hasta su valorización o eliminación final.
La Ley 07/2022 establece la responsabilidad compartida, de tal forma que no es suficiente con entregar el residuo a un negociante o un gestor intermedio, sino que el productor debe asegurarse de que su residuo llega a un tratamiento final.
Un Saas o Software as a Service es un programa informático que permite a sus usuarios conectarse y utilizar sus soluciones de manera centralizada y en la nube, mediante un modelo de pago por uso.
El término «software en la nube» hace referencia a aquellos programas informáticos que, como Teixo, se ejecutan desde internet. Este tipo de aplicaciones no están alojadas en un único ordenador, sino en una red de servidores.
Se trata de la presentación de los documentos electrónicos de traslado de residuos ante los órganos competentes a través de las correspondientes plataformas ambientales.
La valorización del residuo es un proceso que implica la recuperación y aprovechamiento de recursos, energía o materiales útiles a partir de desechos. Su objetivo es dar un valor adicional a los residuos en lugar de desecharlos de manera convencional.
Existen dos tipos de valorización: la generación de energía o la recuperación de materiales.
La extensión .xml identifica al formato de archivo elegido por la Administración para el intercambio de información de residuos. Los archivos que cargas en las plataformas ambientales emplean este formato. Existen varias versiones de formato xml.