Con esta ley, Europa quiere proteger los sellos oficiales e impedir que las marcas hagan declaraciones engañosas sobre la naturaleza «verde» de sus productos.
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«Envases fabricados con plástico reciclado», «protector solar respetuoso con el océano», «entregas compensadas de carbono» o «la huella ambiental de la compañía se ha reducido un 20% desde 2015». Los consumidores se enfrentan a una enorme cantidad de declaraciones sobre los méritos ecológicos de los productos y servicios. En ausencia de normas específicas de la Unión Europea, ¿cómo pueden estar seguros de que estas afirmaciones son fiables?
La Comisión Europea (CE) destacó en un informe de 2020 que más de la mitad de esta clase de afirmaciones medioambientales son vagas o potencialmente engañosas y el 40% carecen de fundamento, es decir, no tienen pruebas que las respalden. La iniciativa legislativa de la Comisión sobre declaraciones verdes pretende abordar esta problemática y responder a las preocupaciones y dudas acerca del greenwashing.
El 22 de marzo de 2023, la CE presentó una propuesta de normativa sobre declaraciones ecológicas. La Directiva sobre fundamentación y comunicación de declaraciones medioambientales explícitas, o Directiva Green Claims, tiene como objetivo fundamentar las alegaciones ecológicas para evitar la desinformación y proteger a los consumidores europeos del conocido como «lavado verde».
Esta Directiva busca que la comercialización sea más transparente, aplicando un mayor control sobre las afirmaciones infundadas por parte de los comerciantes que puedan inducir a error al consumidor. La normativa requiere que las empresas argumenten las aseveraciones que hacen sobre los aspectos ambientales de sus productos o el desempeño de sus organizaciones empleando «métodos sólidos, con base científica y verificables».
La propuesta de la CE también regulará las etiquetas de sostenibilidad, tanto públicas como privadas. Actualmente hay alrededor de 230 etiquetas ecológicas activas distintas en Europa y un centenar de etiquetas privadas de energía verde. Esto genera confusión y desconfianza entre los consumidores. La iniciativa legislativa Green Claims quiere detener su proliferación, que además propicia una competencia desleal en el mercado, en desventaja para las empresas verdaderamente sostenibles.
En adelante, solo se permitirán en la UE etiquetas ambientales basadas en esquemas de certificación aprobados o establecidas por las autoridades públicas. Así, la normativa cubre todas las declaraciones voluntarias sobre el impacto, aspecto o desempeño ambiental de un producto o servicio. En cambio, excluye aquellas cubiertas por las normas europeas existentes como la etiqueta Ecolabel o el logotipo de alimentos orgánicos, puesto que las leyes actuales ya garantizan que sean fiables.
Las compañías ya no podrán comercializar sus productos o servicios utilizando afirmaciones infundadas sobre su reducido, neutro o positivo impacto ambiental. La directiva propuesta requerirá que el fabricante fundamente las alegaciones ecológicas que, de manera voluntaria, hace en sus prácticas comerciales con el fin de promocionar su producto. Este deberá cumplir con una serie de requisitos relativos a su evaluación; por ejemplo, adoptando un enfoque de ciclo de vida, desde las materias primas hasta el final de su vida útil.
Aunque no se determinaría ningún método único para la evaluación, el cumplimiento de estos requisitos tendría que ser verificado por un tercero acreditado. La propuesta también establecería obligaciones sobre cómo comunicar dichas declaraciones medioambientales e introduciría nuevas normas sobre los sistemas de etiquetado ambiental.
La propuesta de Directiva sobre declaraciones ecológicas complementa la de marzo del 2022 sobre el empoderamiento de los consumidores en la transición verde. Proporcionará normas más específicas sobre este tipo declaraciones ambientales y desarrollará con mayor detalle las condiciones para su uso, además de una prohibición general de publicidad engañosa.
La «Green Claims Directive» está destinada a funcionar junto con la nueva ley aprobada por el Parlamento Europeo que mejorará el etiquetado e impedirá las afirmaciones infundadas sobre la durabilidad de los bienes, así como las incitaciones a reemplazar consumibles antes de lo estrictamente necesario (los cartuchos de tinta de las impresoras, por ejemplo) o presentar productos como reparables cuando no lo son. Lo que también contribuirá al consumo sostenible y favorecerá la economía circular.
Biljana Borzan afirmó en rueda de prensa que la nueva normativa «cambiará la vida cotidiana de los europeos». La eurodiputada defendió que esta ley, que entrará en vigor dentro de unos dos años, luchará contra la obsolescencia prematura. «Las personas podrán elegir productos que sean más duraderos, reparables y sostenibles gracias a etiquetas y anuncios confiables», añadió la ponente. Los comerciantes ya no pueden decir «que las botellas de plástico son buenas porque la empresa plantó árboles en algún lugar».
Para que el consumidor tome decisiones de compra más sostenibles y respetuosas con el medioambiente, necesita información confiable. En el futuro, las empresas europeas no podrán utilizar para sus productos calificativos ambientales genéricos como «eco», «biodegradable» o «climáticamente neutro» sin pruebas. Ya no basta con parecer verde; habrá que demostrarlo con datos sólidos y verificados. La propuesta fue finalmente aprobada por el Consejo Europeo en febrero de 2024.
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