El foco principal de las modificaciones de la Directiva Marco de Residuos se centra en el sector textil y en reducir el desperdicio de alimentos. Dos ámbitos con un gran impacto ambiental.
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Se calcula que alrededor de un tercio de la totalidad de los alimentos que se producen en el mundo se pierde o se desperdicia en algún punto de la cadena agroalimentaria (FAO). En concreto, en la UE, cada año se desperdician más de 59 millones de toneladas de alimentos, unos 132 kg por persona. Esto sumado a que esta mala gestión de los alimentos provoca el 16 % del total de las emisiones de gases de efecto invernadero del sistema alimentario de la UE.
Por otro lado, en 2020, el textil fue el tercer sector con mayor consumo de agua y suelo, y el quinto en uso de materias primas y emisiones de gases de efecto invernadero. Además, en 2019 se generaron 12,6 millones de toneladas de residuos textiles, de los cuales solo una quinta parte se recogió por separado para su reutilización o reciclaje.
Impulsada por este contexto, la Comisión Europea presentó en julio de 2023 la propuesta de modificación de la Directiva Marco de Residuos, centrada en los residuos textiles y alimentarios.
Así, el pasado 16 de octubre de 2025 entró en vigor la revisión de la Directiva Marco de Residuos de la UE, una modificación que introduce reglas comunes de responsabilidad ampliada del productor (RAP) para el sector textil y fija objetivos obligatorios de reducción del desperdicio alimentario en los Estados miembros.
La finalidad es reducir residuos, proteger el medioambiente y fortalecer la economía europea con foco en la disminución de la dependencia de materias primas, en línea con la Agenda Estratégica y el Compás de Competitividad de la UE 2024-2029. Esta revisión también refuerza la contribución europea al Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.3, alineado con el Plan de Acción para la Economía Circular.
La directiva revisada introduce dos grandes conjuntos de medidas para abordar los problemas de impacto ambiental vinculado a los residuos textiles:
Todos los Estados miembros deberán implantar su propio sistema de RAP para textiles y calzado, siguiendo unas reglas comunes para toda la UE.
En la práctica, los productores deberán pagar una tasa por cada producto que introduzcan en el mercado. Este dinero financiará la recogida, clasificación y gestión de los textiles usados, fomentando su reutilización, preparación para la reutilización, reciclaje o eliminación adecuada.
Las tasas RAP se ajustarán en función de criterios de sostenibilidad, como durabilidad o reciclabilidad, definidos en el Reglamento de Ecodiseño para Productos Sostenibles (ESPR). Es aquí donde aparece el concepto “eco-modulación”, que busca premiar a las empresas que diseñen productos más circulares y respetuosos con el medioambiente.
Además, estos fondos se destinarán a informar a los consumidores sobre la sostenibilidad de los productos textiles y a financiar investigación y desarrollo para mejorar el diseño, la prevención de residuos y la eficiencia de las operaciones de gestión.
Como excepción, las entidades de la economía social dedicadas a la recogida y gestión de ropa de segunda mano no tendrán que cumplir con las obligaciones de RAP, pudiendo mantener sus propios sistemas de recogida y beneficiarse de una gestión gratuita de los residuos textiles por parte de las organizaciones de responsabilidad del productor.
A partir de ahora, todos los textiles recogidos por separado se considerarán residuos, lo que garantiza una interpretación uniforme en toda la UE de lo que se considera «residuo» frente a «textil usado».
Los Estados miembros deberán clasificar los textiles antes de su envío para evitar que se exporte material residual etiquetado erróneamente como reutilizable. Si no se clasifican, esos residuos estarán sujetos al Reglamento de Traslados de Residuos.
La revisión también establece por primera vez metas obligatorias de reducción del desperdicio de alimentos, con el fin de reducir los impactos ambientales, sociales y económicos de este problema en toda la UE.
Los Estados miembros deberán alcanzar antes de 2030 los siguientes objetivos:
Para lograrlo, los países deberán actualizar sus programas de prevención, fomentar cambios de comportamiento, impulsar la innovación tecnológica y mejorar la cooperación entre los actores de la cadena alimentaria.
La norma también refuerza la donación de comida, obligando a las empresas a proponer acuerdos con bancos de alimentos y otras entidades de redistribución.
La Comisión Europea realizará una revisión completa en 2027 para evaluar los avances y estudiar las causas del desperdicio alimentario, especialmente en la producción primaria. Esta revisión podrá ajustar los objetivos de 2030 y proponer nuevas metas para 2035.
Ahora, los Estados miembros disponen de:
Paralelamente deberán designar las autoridades competentes para coordinar las medidas de prevención del desperdicio alimentario antes del 17 de enero de 2026, y adaptar sus programas nacionales a las nuevas exigencias antes del 17 de octubre de 2027.
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